Ecuador realiza inventario de cumplimiento de su normativa de transparencia.. y ¿Costa Rica?

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13 Enero 2020 | ignacioalfarom

Ecuador, al igual que casi la totalidad de los países de América tiene una ley de acceso a la información pública. Costa Rica sigue siendo la excepción continental junto con Venezuela y Cuba, por ejemplo en el Caribe.

Como parte del nuevo Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, la Defensoría del Pueblo de Ecuador ha asumido el reto de hacer un inventario de cumplimiento de cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Nuestro equivalente, por ser la única norma específica promulgada, no sería la ley de acceso a la información sino el decreto Transparencia y Acceso a la Información Pública Decreto Ejecutivo 40200 del 27/04/2017

Este decreto, a pesar de que solo es aplicable a la Administración Central (Presidencia, Ministerios y sus dependencias), tiene por objeto que el Estado garantice el cumplimiento efectivo del derecho humano de acceso a la información pública, de forma proactiva, oportuna, oficiosa, completa y accesible. (Artículo 1)

Además de reconocer e incorporar el derecho de petición, ya garantizado en nuestra Constitución, artículo 27 y 30, introduce una serie de informaciones de publicación regular, oficiosa y proactiva (es decir, aún y cuando no haya sido solicitada):

1) Marco normativo que rige la gestión pública de la institución.

2) Estructura orgánica, competencias, obligaciones y servicios brindados.

3) Directorio institucional.

4) Listado de funcionarios institucionales.

5) Horario de atención de la institución.

6) Descripción detallada de los servicios brindados al público y la forma cómo estos se realizan.

7) Planes y presupuestos institucionales, así como su forma de ejecución y evaluación.

8) Procesos para el reclutamiento y selección de personal.

9) Mecanismos y resultados del proceso de evaluación de desempeño de los funcionarios.

10) Planillas con el salario bruto.

11) Plan anual operativo y planes estratégicos.

12) Memorias anuales y otros informes de gestión.

13) Informes de la Auditoría Interna sobre la gestión institucional.

14) Actas de los órganos colegiados establecidos por ley, salvo expresa disposición  legal.

15) Descripción clara y precisa de los trámites y requisitos que se pueden llevar a cabo ante la institución.

16) Toda la información de las etapas de los procesos de contratación administrativas de la institución.

17) Mecanismos de presentación de solicitudes de información, peticiones, denuncias y sugerencias para el mejoramiento de la función de la institución, así como cualquier otro medio de participación ciudadana.

18) Listado de los subsidios, becas, donaciones, exoneraciones o cualquier otra transferencia o beneficio otorgado a personas particulares, sin perjuicio de lo determinado en la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, norma número 8968.

19) Informes de viajes, gastos de representación, costos de viajes, pagos por concepto de viáticos de los funcionarios de la institución, entre otros.

20) Cualquier otra información que fomente la transparencia y el control en el ejercicio de la función pública.

La publicación de esta información atinente a la gestión de cada institución será en formato abierto, interoperable y accesible.

Si bien es cierto la Defensoría de los Habitantes de la República realiza las comprobaciones del Índice de Transparencia del Sector Público, esto no se hace con relación a esa norma sino con relación a unos requerimientos mínimos que tiene esa institución por su cuenta.

Sería de enorme utilidad que la Defensoría haga la verificación contra la norma, para impulsar el cumplimiento de una norma de alto estándar y no de un reducido conjunto de requerimientos específicos, máxime habida cuenta de que el top 3 de instituciones tienen notas de 97 a 100. 

Es hora de subir la barra y exigir el cumplimiento de las normas vigentes.

 

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