Salarios Públicos: voces en favor de su privacidad

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06 Mayo 2020 | Abriendo Datos CR

La Sala Constitucional ha resuelto el 29 de octubre del año pasado (notificado 4 de mayo de 2020) a nuestro favor un recurso de amparo que interpusimos por violación al derecho de acceso a la información pública.

Solicitamos la información del “... salario bruto de cada uno de las señoras y señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los meses de enero a julio 2019, indicando el nombre del Magistrado y los montos brutos de cada mes para cada uno de ellos.”

El amparo fue declarado con lugar por haberse sobrepasado el plazo de diez días hábiles para respuesta, porque la información sí se entregó (aquí). Hubo fallas en la gestión de la información que fue lo que dio lugar a la condena contra el Estado.

Aunque estamos satisfechos con el resultado quedamos con una preocupación: Se confirma el derecho de acceso a la información sobre salarios públicos, pero por mayoría. Dos Magistradas salvan el voto y sostienen la tesis de que no hay derecho de acceso a esa información pública o que es más importante la autodeterminación informativa individual.

 

Los Magistrados Castillo Víquez (nombramiento hasta 2025), Salazar Alvarado (nombramiento hasta 2021), Araya García (nombramiento hasta 2026, Esquivel Rodríguez (suplente que ocupa plaza vacante del exmagistrado Ernesto Jinesta) y Picado Brenes (redactora, suplente) mantienen la tesis de que sí es parte del derecho de acceso a la información pública saber cuánto se gasta en remuneraciones con el detalle de saber a quién se le paga y cuánto.

“... el derecho de autodeterminación informativa no es óbice para que se suministre a los administrador información de interés público, incluyendo la información salarial de los funcionarios públicos, toda vez que se trata de fondos públicos y del consecuente derecho de los administrados a conocer cómo estos son gastados.”

 

Sin embargo las Magistradas Hernández López (nombramiento hasta 2021) y Sánchez Navarro (suplente) salvan el voto en los siguientes términos:

“... el salario integral de una persona constituye un dato sensible o confidencial en cuyo supuesto no puede ser facilitado a menos que exista el consentimiento expreso del titular de la información”... “En síntesis, el salario y sus componentes son públicos, en relación al puesto o categoría del funcionario, pero anonimizando en cuanto al nombre y la cédula”

 

Es decir, hay derecho a saber cuánto le corresponde ganar pero no cuánto gana en realidad un funcionario público. 

Nuestra preocupación surge de que al cabo de seis años tal vez habremos perdido seis Magistrados y la tesis en pro de la transparencia puede desaparecer.

Si se nos pregunta por qué es importante una Ley de Acceso a la Información Pública si está la Sala Constitucional, esta resolución puede explicar la respuesta: Porque los criterios pueden variar y los derechos debilitarse si no están garantizados por ley.

 

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